En sólo dos días, apenas 48 horas, Madrid se ha visto paralizada por una
huelga de transportes que ya no se recordaba desde los años noventa. Ni
servicios mínimos, ni concensiones a la empresa, ni las típicas
vacilaciones de los mandarines sindicales, sencillamente paro total, y
quienes acostumbraban a usar el Metro ¡a buscarse otra alternativa!
Pillados por sorpresa, la maquinaria política y la mayor parte de los
medios de comunicación no han tenido casi tiempo para reaccionar, pero ya
han puesto en marcha el típico estribillo: “es una huelga insolidaria,
corporativa, ilegal, política, promovida por sindicalistas sinvergüenzas e
irresponsables” dicen. Pero para entender bien lo que suceda en las
próximas horas habrá que tener bien en cuenta lo que se quiere señalar con
cada uno de estos lindos epítetos:
“Insolidaria” dice el Sr. José Ignacio Echeverría, Consejero de
Transportes de la Comunidad de Madrid. Sí, en efecto, lo es. La huelga
afecta más y primero a aquéllos y aquéllas que no tienen medio de
transporte privado, que dependen casi exclusivamente del Metro y que han
tenido que añadir en ocasiones una hora más de ida y vuelta a sus casas.
Pero aquí es también preciso reconocer que la insolidaridad camina en
ambas partes. ¿Quien se ha preocupado alguna vez por los problemas
laborales de los trabajadores del Metro, por cómo se “fabrica” un servicio
que se presta a diario a millones de personas? ¿Por qué entonces tendrían
que preocuparse estos trabajadores y trabajadoras de los usuarios del
suburbano? Hay quien podrá decir «que los arrasen, que los expedienten,
despidan y pongan en la piqueta, para que todo vuelva a como antes», esto
es, a las dos horas justas que de media diaria pasan de los trabajadores
madrileños de camino de ida y vuelta a unos trabajos mal pagados (más de
la mitad mileuristas o menos) y que en muchos casos sobrepasan de largo
las 40 horas semanales.
Enfadarse por el engorro de perder algo más de tiempo en medios de
transporte, es completamente justo, pero quizás el cabreo que importa de
veras sea otro: el que produce el miedo y el chantaje a ser despedido en
tiempos de crisis, el que proviene del multiempleo, la
infrerrremuneración y la precariedad. Eso sí que son motivos. Por no
mencionar años de malas prácticas urbanas que han llevado a bascular aún
más los puestos de trabajo hacia el norte de Madrid (ahí están las
ciudades empresa de las grandes corporaciones del Ibex 35 como Telefónica
o Santander), al tiempo que la brecha de renta desplazaba cada vez más a
los trabajadores pobres hacia el sur de la región. Todo un logro en
términos de eficiencia de transporte que lleva a más de un millón de
trabajadores a desplazarse diariamente a más de 20 km. de distancia de
sus casas, muchos de ellos en Metro.
Por otra parte, en favor de los trabajadores del subterráneo habrá que
decir que son los únicos que en los últimos años se han preocupado por la
calidad del servicio, denunciado reiteradamente la reducción de costes de
mantenimiento que acompaña a los planes encubiertos de privatización y
que producen los ya conocidos retrasos que antes no se producían y que
seguramente sumarán más horas laborales pérdidas este año que la propia
huelga de metro.
“Ilegal” denuncia, de nuevo, el Consejero. Sí también es cierto, pero de
quién ¿de quién no respeta un convenio firmado? ¿O de unos trabajadores
que deciden olvidarse del eufemismo de los servicios mínimos? Y de otro
lado ¿de qué legalidad se habla? ¿La de una legislación que proscribe por
vía normativa el derecho de huelga o que únicamente permite paros que no
paran nada? Acostumbrados a la permanente corrupción de la clase política
(la misma que legisla), poco o nada nos debería costar distinguir entre
legalidad y legitimidad. La cuestión es únicamente si son o no legítimos
los paros. Y esto es tan sencillo cómo que quien trabaja deja de hacerlo
asumiendo todas las consecuencias. Se trata de una pura relación de
fuerzas, que cada cual se decante cómo buenamente quiera.
“Sindicalismo irresponsable y salvaje” o bien “corrupto y sinverguenza”.
¿En qué quedamos? Podría decirse, efectivamente, que los sindicatos
mayoritarios son los principales interesados en la tranquilidad y la
responsabilidad sindical, arropados en la comodidad de la subvención y de
la carrera del “liberado”, por eso los mensajes contradictorias y el
permanente “no decir nada” frente a la crisis. Pero estos sindicatos son
minoritarios en Metro al lado de las uniones de conductores, taquilleras y
Solidaridad Obrera. Y lo que es más importante, ha sido la asamblea,
formada por la mayoría de los trabajadores, la que ha decidido por
unanimidad ir a la huelga: democracia impecable. No es una huelga de los
sindicatos, es una huelga de los trabajadores. Sutil y gran diferencia.
“Corporativa”. Sí también claro, ya no hay solidaridad «de clase», pasaron
los tiempos de las huelgas en mancha de aceite y la banderas comunes. La
huelga viene provocada precisamente por una revocación “ilegal” de un
convenio ya firmado y una disminución salarial unilateral. ¿Es qué acaso
la crisis se soluciona vía reducción de sueldos de trabajadores o
trabajadoras que ganan entre 1000 y 1500 euros por dejarse ocho horas
diarias bajo tierra y en un trabajo repetitivo y monótono? ¿Es que es
preciso “disciplinar” y “amarrar” bien a los currelas para qué otros,
encorbatados, arropados bajo el sacrosanto nombre del “inversor”, que
ganan 10 veces esa cantidad en un sólo día puedan seguir haciéndolo
especulando con el dinero de todos (ya sea en forma de bonos de deuda
pública o de fondos de pensiones)? ¿O bien se trata de congraciar a los
“mercados” (entiéndase inversores, entiéndase especuladores) con una clase
política, mediocre y corrupta, incapaz de más imaginación que la de
responder obedientemente con rescates billonarios a bancos y empresas, de
un lado, y con recortes sociales y salariales, de otro?
“Política”. Pero política contra quién, ¿contra el PSOE en el gobierno que
ordena el Decretazo? ¿O contra la Comunidad de Madrid que participa la
empresa? Si por política se entiende lo que viene siendo habitual en la
esfera mediática (el posicionamiento en la aburrida e intrascendente lucha
partidista) esta sería sin duda la más antipolítica de las huelgas
políticas (en tanto dirigida contra el conjunto de la clase política).
Pero si por política se entiende lo que se debiera (la gestión y decisión
sobre lo común), está huelga, siendo en principio apolítica, apuntaría en
una posible dirección irremediablemente política. Rechazando con todas sus
fuerzas la bajada salarial y aprovechando su posición de fuerza en el
transporte metropolitano, los trabajadores y trabajadoras de Metro han
señalado un camino posible de intolerencia de masas contra una clase
política y empresarial que sólo obedece a las consignas de “socialización
de pérdidas” y “privatización de las ganancias”. En este sentido, esta
huelga no sólo es política, sino que es la primera acción de protesta
real y efectiva contra la crisis. Sólo queda seguir ejemplo.